¿Sabe en qué manos está el Archivo General de la Nación en estos momentos?

La columna de María Elvira Samper a propósito del Archivo General de la Nación y su corrupción, publicada en el periódico El Espectador el domingo pasado, deja notar ciertos asuntos “oscuros” por parte un administrador salido de las entrañas “uribistas”. El personaje es un abogado de nombre Armando Entralgo sin experiencia y conocimientos en el campo de la archivística, y por ende poco doliente de uno de los patrimonios más importantes que poseemos en el país, y del cual muchos investigadores nos nutrimos para nuestros intereses. La periodista nos presenta una serie de situaciones no muy cómodas y propicias para una gerencia institucional desde esta entidad pública, en su orden expone:

-Caso omiso de procedimientos institucionales en la reestructuración del AGN.

-Separó de las reuniones periódicas a un comité directivo conocedor de los servicios del AGN, y los reemplazo por contratistas, que según los datos no pasaba de 50 y llega hoy día a 300.

-Suspendió el proceso de digitalización y catalogación del acervo documental, una acción que debe ser constante por motivos de conservación y préstamo del servicio.

-Gastos por cuenta de “viajes de trabajo” cuestionados por innecesarios y costosos, ejemplo de esta práctica tan común en otras esferas, es un viaje a Santa Marta con una comitiva de 20 personas por trescientos millones de pesos, que pudieron ser usados en otras labores dirigidas a la institución.

-Renuncia de funcionarios por la adjudicación de contratos para los proyectos de expansión y desarrollo, realizados sin las normas de contratación pública.

-La gestión de Héctor Bonilla –asesor en tecnología- quién aprobó la licitación de un innecesario y costoso scanner robótico de 300 millones de pesos, suspendiendo la compra de uno manual de alta resolución por 60 millones, necesario y adecuado para la reproducción de documentos y mapas.

-La vinculación de dos familiares –sobrinas- en puestos importantes: una dirigiendo la unidad de compras –contactos con proveedores, y tomando decisiones al margen del comité de compras-, y la otra encargada de los procesos disciplinarios.

-Finalmente, el rumbero director realiza fiestas en las instalaciones del AGN con jóvenes muy atractivas, y al parecer según la columnista, contratistas de la entidad.

Preocupante que una entidad del estado llevé ese camino administrativo bajos sospechas de corrupción y cambios no propicios para su desarrollo en mejoramientos de su infraestructura técnica, laboral y como se expuso en líneas anteriores, el préstamo de su servicio a los visitantes. Siendo una constante en las entidades públicas que las gestiones sobrepasen los límites de corrupción, peor aún, que se use como favor político como parece ha funcionado en este caso, porque se nombró a una persona ajena al oficio que ha puesto en riesgo nuestro patrimonio histórico representado en documentos trascendentales para escudriñar nuestro pasado. También es extraño que la Contraloría General de la República no haya realizado una intervención sobre la administración de Armando Entralgo, claro está que ante las noticias recibidas sobre la gestión del contralor saliente Julio Cesar Turbay, a partir de las investigaciones realizadas por el auditor general Iván Darío Gómez y respaldadas por la contralora Sandra Morellí sobre la contratación de una nomina paralela, podríamos percibir que poco le importaba a éste “prohombre” de apellido presidencial esas cuestiones, hasta de pronto Turbay y Entralgo se cruzaron en ágapes festivos con fondos del erario público, y al son de una parranda vallenata.

Pero esta queja sobre el director del AGN tiene un antecedente, la carta enviada por algunos historiadores al ex presidente Álvaro Uribe el 5 de abril de 2010, firmada por Marco Palacios como representante, y con copia a la Ministra de Cultura del momento Paula Marcela Moreno:

Bogotá 5 de abril de 2010

Señor

Sr Álvaro Uribe Vélez

Presidente de a República

Casa de Nariño

Ciudad

Señor presidente Uribe Vélez,

De la manera más respetuosa nos dirigimos a Usted para expresar nuestra preocupación por la marcha del Archivo General de la Nación, AGN, institución que en los últimos 20 años se transformó en una de las más ejemplares en el hemisferio occidental. Este logro se debe, en primer lugar, al celo y esfuerzo del presidente Virgilio Barco que culminó en la construcción de una edificación bella y funcional en condiciones de conservar y preservar con las mejores técnicas requeridas el acervo documental de la nación colombiana, y permitir el acceso de los investigadores y ciudadanos en condiciones similares a las que ofrecen los países más avanzados del mundo; en una ley comprensiva de archivos públicos y en el nombramiento de funcionarios dedicados y competentes como fue el caso del lamentado historiador Jorge Palacios Preciado quien estuvo en la dirección durante 14 años, hasta su muerte prematura.

En los últimos seis años, sin embargo, han transitado tres directores que, quizás, por la premura de sus agendas, no pudieron seguir el ritmo anterior en la preservación y restauración del material, en el liderazgo activo que el directos del AGN debe ejercer en cuanto es el Coordinador del Sistema Nacional de Archivos y el orientador de la política archivística del país, en la activa participación de las redes internacionales de archivos y en la esmerada calidad del servicio al público. Si la situación no mejoró tampoco desmejoró ostensiblemente porque esos directores tuvieron el sentido común de trabajar con la planta existente.

Con alarma observamos el desarrollo de los últimos meses a raíz de la llegada de un nuevo Director que, de continuar la gestión, puede terminara en un deterioro considerable del AGN, uno de los más valiosos del país y de Hispanoamérica y del Sistema Nacional de Archivos que está en su etapa de formación. No entramos a juzgar sus méritos para el cargo, ni creemos que en sí mismo sea importante que el actual director no tenga un título de archivista o historiador. Pero precisamente por esto ha debido observar una actitud de diálogo y colaboración no solamente en el mismo AGN sino con todos los directores y responsables de archivos del país. Por el contrario, nos parece que sus decisiones drásticas demandan un escrutinio y explicaciones claras.

El actual director ha empleado recursos del Archivo que incluyen partidas de entidades financieras en liquidación y que deben dejar sus archivos al cuidado del AGN (Caja Agraria, Banco Central Hipotecario, Fiduestado, Instituto de Fomento Industrial) para contratar una especie de planta paralela, en número muy superior a la planta permanente de Ejecutivos, Profesionales y Técnicos. No hay transparencia en el porqué de una medida tan súbita y tan costosa. Es más, la suplantación, por ejemplo, empieza a afectar el servicio al público, en particular en la autenticación de copias de documentos del acervo histórico y notariales y que, por disposiciones internas han estado a cargo del Jefe de la División de Servicios al Público y ahora han pasado al Secretario General quien, por sus mismas funciones no puede cumplir esta delicada tarea con la presteza y diligencia requeridas lo que afecta los intereses de centenares de personas que acuden al AGN en demanda de este servicio.

El prestigio bien ganado del AGN llevó a instituciones de la tradición de la Academia Colombiana de Historia a confiar sus preciosos fondos documentales al AGN mediante comodato por cien años. Dudamos que entidades de esa categoría piensen hacer lo mismo en el clima enrarecido y poco transparente que ha creado la actual gestión administrativa en aras, al parecer, de una reorganización administrativa contemplada en la ley.

Es triste que cuando los colombianos y su gobierno se aprestan a recordar el Bicentenario de la Independencia, una de las instituciones medulares del patrimonio histórico pierda ritmo y la orientación profesional, con consecuencias impredecibles pero muy preocupantes.

Aunque Colombia es y ha sido un tema central de nuestros esfuerzos académicos, residimos fuera del país y no tenemos interés alguno en l apolítica salvo que transcurra conforme a al Constitución y las leyes que libremente se han dado los colombianos. En este momento sólo nos preocupa la preservación y el mejoramiento constante del AGN.

Cordialmente,

David Bushnell, (USA) Frank Safford, (USA) Daniel Pécaut, (Francia) Malcolm Deas, (UK) Rosemary Thorp, (UK) Anthony Mcfarlane, (UK) Christopher Abel, (UK) Marco Palacios, (México) Joanne Rappaport, (USA) Herbert Braun, (USA) Eduardo Posada Carbó, (UK) Diana Obregón, (México) Ann Farnsworth-Alvear, (USA) Elvira María Restrepo, (USA) Miguel Ángel Urrego, (México) Aimer Granados, (México) Andrés Ríos Molina, (México) Mario Barbosa, (México).

La carta tiene nuevamente relevancia luego de la denuncia pública en uno de los periódicos más leídos del país, advirtiendo que los académicos sentaron una posición y la enviaron al presidente de turno, quien seguro paso por alto esta denuncia sin darle la relevancia del caso, lo que demuestra su talante y poca eficacia para haber tomado una decisión acorde a lo referido por los historiadores por medio de una revisión de las ejecuciones administrativas realizadas por Armando Entralgo, pero como no “hay peor ciego que el que no quiere ver”, el presidente hizo caso omiso a la carta y sostuvo a su funcionario, el cual orondo se sostiene en el AGN. Ahora corresponde seguir denunciando al pésimo director, y buscar que las entidades encargadas de investigar los malos manejos y servicios desde la entidad, asuman las denuncias expuestas, ya que sería muy grave que el personaje principal de esta “hecatombe”, siguiera campante con sus nominas paralelas, gastos indebidos, familiares en puestos claves, y fiestas de dudosa reputación.

¿Sabe en qué manos está el Archivo General de la Nación en estos momentos? En manos del abogado Armando Entralgo, un pésimo funcionario público venido del pasado gobierno y que según las denuncias expuestas, lleva al franco deterioro una institución importante para el patrimonio documental colombiano, el Archivo General de la Nación.

Fuentes

-María Elvira Samper, Ojo al Archivo General de la Nación, El Espectador, domingo 12 de diciembre de 2010.

-Protesta de los historiadores. La carta al presidente Uribe, Arcadia N°55, 20 de abril a 18 de mayo de 2010.